Para entender de que se trata esto es obligatorio considerar previamente lo ocurrido en el parlamento español, que aprobó -el 16 de febrero de 2023- una nueva regulación sobre el aborto y modificaciones en los planes educativos sobre “derechos sexuales y reproductivos”.

El gobierno español de coalición de izquierdas consiguió que las menores de 16 y 17 años puedan decidir libremente sobre su maternidad, prescindiendo de la exigencia de consentimiento paterno o materno. También se eliminó el plazo de reflexión de tres días y la obligatoriedad de recibir información acerca de los recursos y las ayudas disponibles en caso de continuar con el embarazo, debiendo proporcionarse dicha información sólo si la mujer lo requiere. La ley establece la obligación de los hospitales públicos de garantizar el aborto gratuito. De igual forma, se creó un registro de objetores de conciencia, que permitirá controlar al personal sanitario que no quiere participar en el aborto.

Complementa lo anterior las “medidas en el ámbito de la educación y sensibilización relativa a los derechos sexuales y reproductivos”. Concretamente, se regula la “formación sobre salud sexual y reproductiva en el sistema educativo”, permitiendo que la autoridad, dentro de sus competencias, incidan en la formación sobre salud sexual y reproductiva “como parte del desarrollo integral de la personalidad, de la formación en valores, con base en la dignidad de la persona, y con un enfoque interseccional, que contribuya: a) la promoción de una visión de la sexualidad en términos de igualdad y corresponsabilidad, y diversidad, desde la óptica del placer, el deseo, la libertad y el respeto, con especial atención a la prevención de la violencia de género y la violencia sexual. b) El reconocimiento de la diversidad sexual. c) El desarrollo armónico de la sexualidad en cada etapa del ciclo vital, con especial atención a la adolescencia y juventud (…). La misma ley dispone que “la educación afectivo-sexual, en todas sus dimensiones, forma parte del currículo durante toda la educación obligatoria, y será impartida por personal que habrá recibido la formación adecuada para ello (…).

No podemos quedar indiferentes frente a lo acontecido en España, porque nunca será razonable ni justo que miembros de la familia humana puedan eliminar a otros miembros de la familia humana. Autorizar que esta matanza ahora se practique entre niños no hace más que profundizar en la descomposición y decadencia moral que ha supuesto aceptar el aborto como derecho social.

Tampoco puede dejarnos indiferentes que la autoridad educacional chilena anticipe una modificación orientada a lograr una educación en “la afectividad y la sexualidad integral”. Seguramente ello se intentará calcando la legislación española antes indicada.

Es grave que se notifique que los cambios buscan resguardar “(…) el derecho de lo que podemos entender como diversidades o disidencias sexuales y la comprensión de estas nuevas categorías de la sexualidad, que tienen que ser comprendidas”. Según la autoridad, se requiere una “alfabetización en sexualidad”, atendido que cuando esa educación se deja solo en manos de la familia “probablemente es dispar, porque depende de la formación que cada familia tenga lo que podrá entregar a sus hijos. Debe haber un mínimo común que sea compartido en todos los establecimientos para poder hacer esta comprensión más general”.

Como se puede apreciar, se intenta repetir los mismos conceptos antropológicos del fallido proyecto constitucional, rechazado por el 62% de la población el 4 de septiembre de 2022.

El tema supera el terreno de lo que es opinable y contradice directamente la antropología cristiana, que nos enseña que la sexualidad es un don, no una opción. La sexualidad forma parte de nuestro ser y no queda al arbitrio de nuestra voluntad, ni menos a un proceso de “alfabetización educacional”, que no pasa de un nuevo intento por corromper la educación y formación de la conciencia de nuestros jóvenes.

El cristianismo es incompatible con la “ideología del género”. Por voluntad de Dios, ser varón o ser mujer son dos modos distintos de ser hombre, que comparten la misma dignidad. La diferencia sexual, que tiene una base orgánica, pertenece al designio creador de Dios y marca la identidad de las personas, y su capacidad para aportar a la vida familiar y social.

Tenemos el legítimo derecho a oponernos a que ninguna perversión sexual se presente como normal o digna de “alfabetización”, sobreponiendo el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos.

No podemos ser indiferentes frente a una nueva amenaza declarada de querer corromper la educación de nuestra juventud.

El inicio del proceso de redacción de una nueva Constitución, que comienza en marzo próximo, nos debe llevar a reclamar a los hombres y mujeres de buena voluntad para que consagren límites y eviten los intentos totalitarios que la ideología de género busca consagrar en su cruzada por destruir las bases antropológicas de una correcta sexualidad y de la familia.

Crodegango