Es un hecho que estamos pasando por una aguda crisis de seguridad pública. El aumento de los delitos ha sido exponencial y nos impone un desafío colectivo.

Están apareciendo conductas que no conocíamos, como los “secuestros extorsivos”, “secuestros express”, asesinatos por encargo (sicariato), etc. De esta forma nos estamos asemejando a la realidad de otros países de la región, donde estos actos son cotidianos y la autoridad no los ha podido erradicar.

Los datos de algunas conductas delictivas son sorprendentes. La Asociación de Aseguradores de Chile cuenta por miles los robos de automóviles al año. Los asaltos en el trasporte público son frecuentes. Los actos de destrucción masiva en la macrozona sur han llevado que el estado de excepción constitucional se haya convertido en lo normal allí.

La realidad delictiva da cuenta de algo doloroso: hay miles de personas que están disponibles para enrolarse en la industria del delito, que debe tener atractivos tan poderosos que logra cautivar a tantos.

No existe acuerdo entre los estudiosos sobre las causas de este problema. Predominan en los análisis explicaciones materialistas, que atribuyen normalmente a la pobreza y desigualdad, ser la causa principal de todo esto.

Dentro de este fenómeno hay que reconocer que esto se vincula a un progresivo y sistemático debilitamiento en el cumplimiento de las leyes que nos afecta. Lo que era uno de nuestros principales activos culturales claramente se está diluyendo. La incapacidad de la autoridad para dar respuesta está a la vista. Cuando esto ocurre aparece la anomía, que es el incumplimiento de las reglas, como hoy lo estamos viendo impunemente.

Esta crisis se explica por la instalación de un relativismo moral, donde la diferencia entre el bien y el mal para muchos no existe. Al abandonarse en la educación de tantos la base moral con valores objetivos no debe extrañar que algunos crean ver que hacen el bien donde ejecutan el mal. La pérdida del sentido de la autoridad es otra explicación. Los delincuentes no se sienten vinculados por las leyes humanas ni divinas.

Es un problema moral muy serio cuando proliferan opciones de vida que ponen en práctica actos intrínsecamente malos. La infracción de las prohibiciones morales absolutas deja a ese sujeto en una situación límite, puesto que la sociedad no está obligada a tolerar que alguien se proponga como forma de ganarse la vida cometer homicidios, asaltos, secuestros, venta de drogas, etc.

La ejecución de conductas que llevan a una animalización del hombre, siempre ha justificado la aplicación de sanciones. De hecho, el debate en torno a la pena de muerte justamente siempre ha girado sobre este punto: si es legítimo acreedor de esa sanción el individuo que por haberse animalizado se pone al margen de la sociedad humana y deba recibir la pena capital por sus actos graves.

La postura de la Iglesia sobre el tema se contiene actualmente en Número 2267 del Catecismo, que señala: “Durante mucho tiempo el recurso a la pena de muerte por parte de la autoridad legítima, después de un debido proceso, fue considerado una respuesta apropiada a la gravedad de algunos delitos y un medio admisible, aunque extremo, para la tutela del bien común”. “Hoy está cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves. Además, se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado. En fin, se han implementado sistemas de detención más eficaces, que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos, pero que, al mismo tiempo, no le quitan al reo la posibilidad de redimirse definitivamente”. Por tanto la Iglesia enseña, a la luz del Evangelio, que «la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona», y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo”.

Por su parte, para emitir juicios acordes a nuestras creencias recordemos que en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia se señala sobre este tema:

“402 Para tutelar el bien común, la autoridad pública legítima tiene el derecho y el deber de conminar penas proporcionadas a la gravedad de los delitos. El Estado tiene la doble tarea de reprimir los comportamientos lesivos de los derechos del hombre y de las reglas fundamentales de la convivencia civil, y remediar, mediante el sistema de las penas, el desorden causado por la acción delictiva. En el Estado de Derecho, el poder de infligir penas queda justamente confiado a la Magistratura: «Las Constituciones de los Estados modernos, al definir las relaciones que deben existir entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, garantizan a este último la independencia necesaria en el ámbito de la ley»”.

“403 La pena no sirve únicamente para defender el orden público y garantizar la seguridad de las personas; ésta se convierte, además, en instrumento de corrección del culpable, una corrección que asume también el valor moral de expiación cuando el culpable acepta voluntariamente su pena. La finalidad a la que tiende es doble: por una parte, favorecer la reinserción de las personas condenadas; por otra parte, promover una justicia reconciliadora, capaz de restaurar las relaciones de convivencia armoniosa rotas por el acto criminal”.

Pidamos Santa María, que es Reina de la Paz, que convierta a los que han elegido el camino del mal y así recuperemos la tranquilidad individual y social.

Crodegango